El miércoles 17 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados tratará los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica con fondos para el Hospital Garrahan, ambos aprobados por el Congreso a fines de agosto pero frenados por el Ejecutivo por cuestiones presupuestarias. La sesión se da en un clima de tensión política, movilizaciones y poroto electoral.
El conflicto gira en torno a dos leyes claves sancionadas por el Congreso argentino y vetadas por el presidente Javier Milei el 4 de septiembre: la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica con recursos para el Hospital Garrahan.
El gobierno justifica los vetos alegando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, afirmando que los proyectos generan un aumento de gasto incompatible con sus metas presupuestarias. En contrapartida, la oposición argumenta que esas leyes son vitales para sostener instituciones públicas comprometidas con los derechos sociales básicos como salud y educación, advirtiendo sobre deterioro institucional, salarios, becas e infraestructura.
En Diputados, la oposición logró el quórum necesario para debatir el rechazo de los vetos. Se calcula que para anular los vetos se requerirán los dos tercios de la Cámara baja, lo que exige persuadir diputados indecisos o que se abstuvieron. De concretarse ese rechazo, las leyes volverían al Senado, donde continuarían los pasos para su sanción definitiva.
Fuera del recinto, hay movilizaciones estudiantiles, universitarias, de salud, y reclamos sociales amplios en defensa de la universidad pública gratuita, de la calidad educativa, y del acceso a la salud pediátrica del Garrahan.
Prospecto positivo
Si la oposición logra revertir estos vetos, no solo protegerá financiamiento esencial para las universidades y la pediatría, sino que reforzará un principio democrático: el valor del Congreso como espacio de consenso y contrapeso al poder ejecutivo. Será una victoria simbólica y concreta para la ciudadanía que exige salud, educación y equidad, y podría marcar un precedente para que en futuras decisiones presidenciales de veto se evalúen con mayor diálogo y responsabilidad social.