Una denuncia penal contra auditores de ANDIS por irregularidades en las inspecciones pone bajo la lupa el manejo de recursos destinados a personas con discapacidad y abre un caso de corrupción que podría tener ramificaciones nacionales.
Una grave denuncia penal sacudió el ámbito de las auditorías sociales en Misiones tras detectarse irregularidades sistemáticas en las inspecciones realizadas por auditores de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). El caso, que ya se encuentra en manos de la Justicia federal, expone fallas en los mecanismos de control sobre un sistema que maneja recursos millonarios destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las irregularidades identificadas en los procesos de auditoría plantean serias dudas sobre la transparencia y efectividad de los controles implementados para verificar el otorgamiento de beneficios sociales. La denuncia sugiere que existieron fallas sistemáticas en los procedimientos de verificación que podrían haber permitido el otorgamiento indebido de prestaciones, comprometiendo la integridad del sistema de protección social.
El caso trasciende el ámbito provincial al involucrar a una agencia de carácter nacional, lo que podría derivar en investigaciones más amplias sobre el funcionamiento del sistema nacional de discapacidad. La situación genera preocupación entre organizaciones de derechos de personas con discapacidad, que temen que estos escándalos afecten la credibilidad del sistema y comprometan el acceso a prestaciones legítimas.
Las autoridades misioneras han expresado su compromiso de colaborar plenamente con la investigación judicial, subrayando la importancia de mantener la integridad de los sistemas de auditoría social. El desarrollo de este caso será seguido de cerca por organizaciones civiles y sectores políticos que reclaman mayor transparencia en el manejo de fondos públicos, mientras la Justicia avanza en determinar responsabilidades y posibles sanciones.